El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de las autoridades portuarias a cobrar tasas de ocupación y actividad a una concesionaria, aunque esta se haya encargado de la construcción y mantenimiento de las instalaciones en dominio público. Esta sentencia, que afecta directamente a la empresa DISA, distribuidora de carburantes, pone fin a un largo conflicto judicial con la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre el cobro de tarifas en el Puerto de Salinetas, en Telde.
El fallo judicial
La sentencia dictada el 30 de junio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado claro que las autoridades portuarias pueden exigir el pago de tasas de ocupación y actividad a una concesionaria, incluso si esta se ha encargado de construir y mantener las instalaciones. El fallo revoca la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que había eximido a DISA del pago de estas tasas.
El TSJC había argumentado que no se prestaba un servicio público asociado a la presencia de DISA en el puerto, pero el Tribunal Supremo considera que la ocupación del dominio público portuario justifica el cobro de las tarifas, sin importar si se realiza o no una actividad directa por parte de la concesionaria.
El impacto de la sentencia para las finanzas públicas
La Abogacía del Estado había advertido que el fallo del TSJC perjudicaba gravemente los intereses generales. Según el Estado, esta decisión podría dejar de generar más de 320.000 euros anuales para la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Si se aceptara la decisión del TSJC, esto afectaría a muchas otras situaciones similares en puertos de todo el país.
El Tribunal Supremo ha protegido la estabilidad financiera de las autoridades portuarias, asegurando que estas tengan derecho a cobrar tasas por el uso del dominio público.
El argumento de DISA
A lo largo del proceso judicial, DISA presentó un argumento basado en una resolución previa del Supremo de 2020, que negaba el derecho de la Autoridad Portuaria a cobrar tasas de mercancías si no se prestaba un servicio directo. Sin embargo, el Supremo ha señalado que este caso es distinto.
El fallo subraya que las tasas de ocupación y actividad son diferentes a las de mercancías. El Tribunal explica que la tasa de ocupación se refiere al uso del dominio público portuario, mientras que la tasa de actividad solo se aplica cuando se realizan actividades comerciales, industriales o de servicios en las instalaciones portuarias.
Un precedente importante para otros puertos
Con esta decisión, el Tribunal Supremo ha establecido un precedente importante para otros puertos de España. El fallo aclara que la tasa de ocupación cubre el uso del dominio público portuario (incluido el vuelo y subsuelo), independientemente de que se presten o no servicios comunes en el puerto. Además, la tasa de actividad solo se aplica cuando se realizan actividades comerciales o industriales autorizadas por la Autoridad Portuaria.
La sentencia establece que todas las concesionarias que ocupen el dominio público y lo utilicen para actividades lucrativas deben pagar ambas tasas, sin importar si las infraestructuras han sido construidas o mantenidas por ellas.
El impacto de la sentencia en el sector portuario
Este fallo es relevante para la gestión de todos los puertos en España. Asegura que las autoridades portuarias tengan el derecho de exigir tasas por ocupación y actividad en concesiones, incluso cuando la empresa concesionaria haya asumido el coste de la construcción de las instalaciones.
La sentencia ha sentado una doctrina que será aplicable a otras concesiones portuarias en el futuro, asegurando que el dominio público portuario sea aprovechado de manera justa y equitativa para todos.
Conclusión
La sentencia del Tribunal Supremo garantiza que las autoridades portuarias mantengan su derecho a cobrar las tasas de ocupación y actividad, protegiendo las finanzas públicas y asegurando la correcta gestión del dominio público. Este fallo también establece una normativa clara que debe aplicarse en otros puertos del país, lo que proporciona mayor seguridad jurídica a todas las partes involucradas.
